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Los municipios del Arco Metropolitano piden medidas o corresponsabilidad para hacer frente a las ocupaciones ilegales

29/04/2022

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Los alcaldes y alcaldesas aprueban una resolución en la que también reclaman más apoyo para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad real e incrementar el parque de vivienda social.

Los municipios que conforman la Asociación del Arco Metropolitano han aprobado este miércoles una resolución en la que piden la adopción de nuevas medidas, más corresponsabilidad y más recursos para hacer frente a la proliferación de empleos ilegales de viviendas. Según datos del Ministerio del Interior publicados en enero, Cataluña es la Comunidad Autónoma que registra más situaciones de este tipo, sumando el 42% del total de empleos del Estado. Asimismo, de los casos producidos en territorio catalán, un 74% (4.229 de 5.689) se concentran en la provincia de Barcelona.

Ante los datos, los alcaldes y alcaldesas del Arco reclaman más apoyo e implicación de las administraciones superiores y otros agentes para afrontar las problemáticas vinculadas a la vivienda, que se están sufriendo con especial intensidad en la Región Metropolitana. Medidas legales, judiciales y más instrumentos que permitan a los municipios atender a las situaciones de vulnerabilidad real como, especialmente, luchar contra la proliferación de empleos ilegales conflictivos y que en muchas ocasiones están ligados a mafias que se lucran con estas prácticas.

En este sentido, el Arco Metropolitano pide al Gobierno del Estado una reforma urgente de la normativa que dé una mejor cobertura a la actuación policial y también que se clarifique la tipificación de los delitos de allanamiento de morada y usurpación de la propiedad, incrementando las penas e introduciendo un agravante en los casos que haya afán de lucro.

Asimismo, la resolución solicita al Poder Judicial la creación de juzgados especializados para los delitos de empleo en las demarcaciones donde se registren más casos y la creación de la figura de fiscal especializado en la materia, que podría depender del de delincuencia organizada o del de delitos económicos, dadas las vinculaciones con grupos criminales, la trata, el blanqueo, etc.

Asimismo, los municipios señalan la necesidad de que la Generalitat y los cuerpos y fuerzas de seguridad elaboren con urgencia un Plan Especial de Seguridad contra las mafias que trafican con personas y con la usurpación de inmuebles.

Tal y como ha explicado la presidenta de la Asociación y alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, “los datos constatan que la vivienda sigue siendo un factor fundamental de desigualdad. Ante esto, los Ayuntamientos estamos actuando, más allá de nuestras competencias y posibilidades, apoyando a quien más lo necesita y haciendo frente a aquellos empleos que generan problemas de seguridad y convivencia. Pero no podemos llegar a todo. Estamos muy limitados, no tenemos recursos y llegados este punto, creemos que debemos ser claros: hace falta más implicación de todos para garantizar un derecho fundamental como es la vivienda y al mismo tiempo luchar contra las prácticas que precisamente se aprovechan de la pobreza para lucrar se. Ante estas, tolerancia cero”.

El alcalde Mollet del Vallès, Josep Monràs, por su parte, ha valorado positivamente las iniciativas. Así, ha afirmado que “los Ayuntamientos estamos haciendo muchos esfuerzos, incluso más allá de lo que nos tocaría. Pero a pesar de esto y la acción de las fuerzas de seguridad, las ocupaciones siguen extendiéndose con efectos que se dejan notar con fuerza en los barrios del Arc Metropolità. Está claro, pues, que hay que avanzar más y eso pasa por revisar normativas, por replantear la actuación judicial y por dotarnos todos juntos de nuevos instrumentos y recursos”.

Además, Monràs ha subrayado que “todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Por eso los municipios estamos trabajando intensamente para apoyar las situaciones de vulnerabilidad y ampliar nuestras bolsas de vivienda social, entre otras muchas medidas”.

Estas nuevas medidas contribuirían, al mismo tiempo, a evitar que algunas personas se pudieran arrogar el derecho a ocupar pisos destinados a vivienda social pasando por delante de otros ciudadanos y familias que sí han respetado los procedimientos establecidos y cumplen los requisitos para acceder a una vivienda de emergencia. Y a disponer de herramientas para poner freno a las ocupaciones de naves industriales o locales, en tanto que generan situaciones de infravivienda y comprometen la seguridad de los propios ocupantes.

Más medios y más vivienda social

Los alcaldes y alcaldesas piden, asimismo, mayor implicación para poder responder mejor a las situaciones de vulnerabilidad e incrementar el número de pisos de alquiler o emergencia social en los municipios. En la resolución se requiere a las entidades bancarias, fondos inmobiliarios y grandes tenedores a ceder a los ayuntamientos o entidades sin ánimo de lucro las viviendas vacías que no hayan alquilado o vendido en un plazo de tres meses a contar desde el requerimiento de la administración. Y se pide a la Generalitat que se dote anualmente a las administraciones locales de recursos económicos para incrementar las ayudas a las personas vulnerables y, especialmente, para poder ampliar mediante adquisición, reforma o rehabilitación, el Parque de Vivienda Social destinado a situaciones de exclusión residencial.


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